París.- Casi 750 personas fueron condenadas a prisión en Francia por los disturbios que estallaron tras la muerte de un joven baleado por la policía en junio, indicaron las autoridades, que defienden “una respuesta firme y sistemática”.
“Era muy importante que hubiera una respuesta firme y sistemática (…) Era esencial que restableciéramos el orden”, aseguró el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, durante una entrevista en la radio RTL.
La muerte de Nahel, un joven de 17 años, por un disparo a quemarropa de la policía durante un control del tránsito en Nanterre, un suburbio del oeste de París, el 27 de junio, provocó un estallido de violencia urbana, que dio la vuelta al mundo.
Durante las nueve noches de disturbios, quemaron miles de autos, incendiaron edificios públicos y saquearon tiendas. Las aseguradoras estimaron los daños en unos 730 millones de dólares.
Los tribunales dictaron mil 278 sentencias, 95% de ellas condenatorias, indicó el ministro. De las 1,056 personas condenadas a prisión, a 742 se les impuso prisión firme, agregó.
La respuesta inicial del presidente Emmanuel Macron al estallido de violencia, el segundo desde enero con las protestas contra su reforma de las pensiones, se centró en un fuerte despliegue policial —hasta 45 mil agentes— y llamados a la responsabilidad.
El 30 de junio, Éric Dupond-Moretti pidió a la fiscalía una respuesta penal “rápida, firme y sistemática” contra los autores de la violencia. Un total de 905 detenidos fueron juzgados durante una comparecencia inmediata ante el juez.
“Tenemos sentencias fuertes con órdenes de ingreso en prisión para personas sin antecedentes”, indicó a la cadena BFMTV inicios de julio Aurélien Martini, del sindicato de magistrados USM.
Las condenas son superiores a los disturbios que vivieron los suburbios de las ciudades durante tres semanas en 2005, tras la muerte electrocutados de dos jóvenes que huían de la policía. Más de 400 penas de prisión firme fueron pronunciadas entonces.
La edad media de las más de 3 mil 700 personas detenidas durante los últimos disturbios era sólo de 17 años y, según el ministro del Interior, Gérald Darmanin, alrededor de 60% de los arrestados no tenía antecedentes penales.
Ante la presencia de menores de edad, el gobierno evocó la posibilidad de “sancionar económicamente” a los padres o tutores de los jóvenes que participaran en los disturbios, una opción criticada por la oposición de izquierda.
“No se trata de castigar a la mamá que trabaja por la noche y que cría sola a su hijo. La sistematización nunca es buena, hay que ir caso por caso”, aclaró Dupond-Moretti.
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