Para fortalecer la protección de víctimas dentro del servicio público, fue presentada en el Congreso Local, la iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades y Sanciones del Estado de Sonora, y establecer de manera explícita el hostigamiento y el acoso sexual como faltas administrativas graves.
Con dicha propuesta se busca que, por medio de la creación de un sistema integral de prevención, protección y sanción del acoso y el hostigamiento sexual, desde un enfoque administrativo, se puedan derivar sanciones como la destitución del cargo e inhabilitación para ejercer funciones públicas.
La propuesta, fue leída en tribuna por la diputada Rosángela Amairany Peña Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Solidario, con el objetivo de fortalecer el Protocolo para Prevenir y Atender el Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual de la Administración Pública estatal.
“El planteamiento establece que estas conductas no estaban previstas de forma expresa en la legislación vigente, por lo que ahora se busca incorporarlas como faltas graves que puedan derivar en sanciones como la destitución del cargo e inhabilitación para ejercer funciones públicas”, expresó.
Cabe mencionar que la iniciativa considera que el acoso y el hostigamiento sexual no son simples faltas éticas, sino formas de violencia que vulneran la dignidad de las personas, afectan el adecuado funcionamiento institucional y generan entornos laborales hostiles, particularmente para mujeres, niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad.
En ese sentido, agregó que, de aprobarse, incurrirá en acoso sexual la persona servidora pública que realice, por cualquier medio, conductas de naturaleza sexual o con connotación lasciva sin el consentimiento de la persona destinataria, independientemente de que exista o no relación jerárquica, siempre que dichas acciones atenten contra la dignidad, integridad o generen un ambiente laboral adverso.
En el caso del hostigamiento sexual, se configurará cuando la persona servidora pública, valiéndose de su posición jerárquica o de una relación de poder real en el ámbito laboral, incurra en acciones, expresiones o comportamientos con fines sexuales, ofensivos o degradantes que vulneren la dignidad de la persona subordinada o lesionen el desempeño del servicio público.
El diputado Omar Francisco del Valle Colosio señaló que recientemente se presentó a nivel federaluna iniciativa similar, por lo que consideró necesario armonizar y fortalecer el marco normativo local para garantizar entornos seguros dentro de la administración pública estatal y municipal.
La propuesta fue presentada de manera conjunta por legisladores de Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido Encuentro Solidario y fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su análisis y dictaminación correspondiente.
