La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) no tiene registro de casos de desaparición forzada atribuibles a agentes o servidores públicos, informó el fiscal general Rómulo Salas Chávez.
Durante la presentación de resultados de la institución, el funcionario hizo la precisión al referirse a las investigaciones relacionadas con personas desaparecidas y diferenció este delito de la desaparición cometida por particulares, por la cual sí existen carpetas de investigación y personas judicializadas.
Salas Chávez informó que durante la actual administración se han judicializado 389 asuntos por desaparición cometida por particulares, mientras que se han ejecutado 289 órdenes de aprehensión relacionadas con este delito.
Además, señaló que ya se han obtenido 35 sentencias condenatorias, algunas de ellas firmes, contra personas responsables de este tipo de hechos.
El fiscal destacó que, aunque varias de las detenciones son recientes, las investigaciones ya han comenzado a traducirse en resoluciones judiciales.
Sin denuncias contra agentes
Salas Chávez señaló que la Fiscalía no cuenta con registros de casos en los que agentes o servidores públicos hayan sido señalados como responsables de desaparición forzada en Sonora.
La precisión resulta relevante debido a que la desaparición forzada implica la participación, autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado, mientras que la desaparición cometida por particulares corresponde a hechos perpetrados por personas que no actúan como representantes del Estado.
En otro tema, el fiscal general aseguró que en Sonora tampoco existe un fenómeno generalizado de cobro de piso.
Explicó que algunas situaciones pueden corresponder a modalidades de chantaje o extorsión mediante llamadas telefónicas, pero afirmó que no existen denuncias ni hechos concretos que permitan establecer la presencia sistemática de cobro de piso contra empresarios o comerciantes.
Salas Chávez recordó que se han registrado dos casos en los que personas intentaron extorsionar a un empresario, mismos en los que los presuntos responsables fueron detenidos.
“En Sonora no hay cobro de piso”, sostuvo Salas Chávez, quien consideró que esta condición favorece la inversión y el desarrollo económico de la entidad.
