Deudores alimentarios encabezan delitos contra menores en Sonora: suman mil 100 víctimas en 2026

En Sonora, durante el primer semestre de 2026, el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, relacionado con deudores alimentarios, acumuló mil 100 víctimas. La cifra representa el 52.6 por ciento del total de niñas, niños y adolescentes afectados por algún delito en la entidad.

De este total, 587 víctimas fueron hombres, 511 mujeres y en dos casos no se identificó el sexo. Este delito encabezó la incidencia, seguido del abuso sexual, con 209 víctimas; lesiones, con 198; violencia familiar, con 188, y amenazas, con 100.

Entre enero y junio se registraron 2 mil 91 menores de entre 0 y 17 años víctimas de algún delito en Sonora. El grupo de 0 a 12 años concentró la mayoría, con mil 222 casos, equivalentes al 58.4 por ciento, mientras que 869 víctimas, el 41.6 por ciento, tenían entre 13 y 17 años. Del total, 52.9 por ciento correspondió a mujeres y 46.9 por ciento a hombres.

Michelle Lucero Barrón, directora de la Fundación Nueva Generación Sonora, señaló que estas cifras evidencian que una parte importante de las vulneraciones contra la infancia ocurre dentro del entorno familiar y está relacionada con las responsabilidades de cuidado y sostenimiento.

“¿Cómo es posible que desde los primeros años de vida ya se encuentren con esas dificultades y esas condiciones donde uno de los padres decide no hacerse responsable?

A veces, como parejas, las familias deciden una separación por el bienestar, pero eso no significa que los padres puedan abandonar su responsabilidad, y no solamente económica, porque eso ya es una razón suficiente para visibilizar este tema y denunciar estos casos, pero también la parte emocional, de responsabilidad”.

“Nos hace falta abrir la discusión para este tema, hablar también de la necesidad de que los padres estén presentes y siendo ejemplo en la vida de las niñas y niños con el cumplimiento de las responsabilidades parentales principalmente. Creo que los gobiernos deben, como sociedad, pedir que impulsen programas de fortalecimiento familiar”, comentó.

En total, 10 municipios concentraron el 83.5 por ciento de las víctimas registradas en Sonora; Hermosillo encabezó la lista con 529 casos, seguido de Cajeme con 270, Nogales con 242, San Luis Río Colorado con 135 y Agua Prieta con 132. También aparecen Guaymas, Navojoa, Huatabampo, Caborca y Bácum.

La Fundación Nueva Generación Sonora propuso cinco ejes prioritarios para prevenir la violencia: fortalecimiento de la crianza y protección familiar; prevención de la violencia y el abuso sexual; prevención de la violencia familiar y comunitaria; protección frente a riesgos digitales y nuevas formas de violencia, así como prevención de la violencia delictiva y fortalecimiento de factores de protección.

Entre las acciones planteadas se encuentran fortalecer las responsabilidades parentales, detectar señales de negligencia, violencia o abandono, establecer protocolos de prevención en las escuelas, ampliar la atención psicológica, recuperar espacios públicos, impulsar actividades deportivas y culturales y priorizar intervenciones en los municipios con mayor incidencia.

“Regresando al tema del incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, es muy extraño el número tan importante de casos y denuncias que se han hecho por esto. Hay que recordar y retomar también que incluso Sonora este año se suma al Registro Nacional para identificar a quienes no cumplen, a los padres, madres que no están cumpliendo con una pensión alimenticia y que esto puede tener consecuencias importantes.

A mí me parece que este es un esfuerzo institucional que debemos de reconocer y también creo que como sociedad debemos de visibilizar más esta problemática que no traíamos en el radar, pero que ahora que vemos que tiene un lugar importante en las denuncias, sin duda debería aterrizar en estrategias institucionales”, aseguró.

Guillermo Arturo Aguirre Mada, psicólogo, abogado y exjuez familiar,señaló que en más del 95 por ciento de los casos que conoció como juez, el obligado alimentario que incumplía con el deber de proporcionar alimentos era el padre.

“Si bien es cierto cada vez más son los papás que se involucran de manera activa en los procesos de crianza, la realidad es que sigue siendo la mamá quien ostenta la custodia de los hijos después de que viene la separación o el divorcio.

Es algo gravísimo lo que está pasando porque, para que la mamá ya haya acudido a una instancia judicial a presentar una denuncia por el delito de incumplimiento de obligaciones familiares, es porque ya está cansada, tiene seguramente años en esa situación donde no hay los recursos necesarios para cubrir las necesidades mínimas para una una buena calidad de vida para las niñas, niños y adolescentes”.

Más allá de la falta de recursos económicos, el incumplimiento también puede generar un impacto en el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes, señaló Aguirre Mada; explicó que los conflictos derivados de la separación, los procesos judiciales y la falta de convivencia o atención de alguno de los padres pueden afectar su desarrollo, autoestima y la manera en que establecen vínculos con otras personas.

“Exponen a los hijos por ese desequilibrio de pareja, primero a un procedimiento judicial en un juzgado familiar, en donde a veces son los que tienen que comparecer audiencias ante los jueces para hacer manifestaciones sobre la custodia, convivencia, pensiones alimenticias.

Cuando ya la mamá decide acudir a una instancia penal, ya trae un un desgaste en la estructura de familia y por supuesto que impacta enormemente en su proceso de desarrollo, en el autoestima, en la forma en la que se van a vincular ellos con otras personas.

Agregó, “crecen desatendidos de y no relacionados con esa figura masculina. Esa es la tragedia en la que está sumergido un gran número de niñas, niños y adolescentes”.

Las cifras muestran que una parte importante de las vulneraciones contra niñas, niños y adolescentes ocurre en el entorno familiar y cercano. A la par, persisten delitos sexuales, homicidios, privación de la libertad y otras formas graves de violencia que requieren acciones de prevención, atención especializada, concluyeron.

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Redacción
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